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Ene
27

Agua y soberanía alimentaria. El uso y la privatización del agua

Autor // UAGA-COAG - Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón

Javier Sánchez, Responsable Comarcal UAGA-Cinco Villas y miembro del Comité Coordinador de Vía campesina Europa

El agua  representa nuestro recurso natural más vital ya que todas las formas de vida terrestres –plantas, animales y seres humanos— dependemos de ella para sobrevivir. La mayoría de la gente sabe que el agua cubre cerca de dos tercios de la superficie total del planeta, pero pocos saben que la mayoría de esa agua es salada y que solo un 2.5 por ciento es agua dulce adecuada para beber y cultivar alimentos. Además, menos de un uno por ciento del suministro de agua dulce del mundo está disponible para los seres humanos y los ecosistemas ya que la mayoría de esta se encuentra congelada en las remotas regiones del Ártico y la Antártica

En la actualidad, al menos 1.1 mil millones de personas (cerca de un sexto de la población humana mundial) no tienen acceso adecuado al agua limpia y potable y 2.6 mil millones de personas carecen de saneamiento adecuado, lo que ocasiona casi 250 millones de casos de enfermedades y entre cinco y diez millones de muertes anuales en todo el mundo. Y a pesar de que el agua es un recurso renovable que se puede gestionar de forma sostenible y equitativa, el hecho es que el suministro mundial de agua merma rápidamente debido al uso inapropiado, a la contaminación y a las estrategias mercantilistas de privatización. Mientras tanto, conforme la población humana continúa creciendo, el consumo de agua se duplica cada 20 años e intervienen otros factores (como el calentamiento global) que tendrán un enorme impacto en las reservas futuras de agua dulce. Los analistas políticos especulan que en las próximas décadas estallarán guerras por el control de los menguantes recursos hídricos.

La privatización del agua: El control empresarial contra el control ciudadano

Los conglomerados multinacionales están más que dispuestos a sacar provecho de una situación que tiende a deteriorarse, al comprar los derechos sobre el agua en todos los continentes. La privatización impulsada por el Banco Mundial, FMI y los Tratados de Libre Comercio como el TTIP (UE-EEUU),CETA (UE-CANADA),TISA (acuerdo para privatizar los servicios públicos que intentan suscribir más de 50 países), representan la gran  amenaza al suministro mundial de agua dulce.

La historia ha mostrado, sin embargo, que en los lugares donde la privatización se ha implementado, esta ha dado pruebas de haberse convertido en una causa más de los problemas de escasez crónica de agua en vez de una solución a ellos. Debido a que las empresas se preocupan más (por naturaleza) por ganar dinero que por defender los mejores intereses de las personas y de las comunidades, la privatización del agua ha provocado corrupción, la impunidad empresarial, la pérdida de las instituciones locales, la relajación de las normas de calidad y el aumento excesivo de las tarifas que excluye a la mayoría de las personas, sobre todo a las más pobres, al acceso al agua. Los ejemplos de multinacionales como NESTLE en Estados Unidos, SUEZ y VIVENDI en Mexico, BETCHEL en Bolivia o COCACOLA en la INDIA son bien ilustrativos.

Siendo conscientes de que la agricultura emplea mucha más agua  en todo el mundo que cualquier otra actividad humana: cerca de un 60 por ciento del total mundial, para la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) el agua es un recurso que tiene que ser gestionado desde una perspectiva pública. El acceso al agua por parte de toda la población es un derecho social y humano de carácter básico, ya que es base de la vida y de la identidad de las comunidades, por lo que siendo el agua factor clave de los derechos humanos, debe ser gestionada como un bien de todas y todos.

Estas ideas se contraponen con quienes piensan en el agua como un bien privatizable y como un valor especulativo en el mercado. Es imprescindible que se definan las utilidades y funciones del agua con sus correspondientes criterios de gestión y sus prioridades, destacando como primordiales los usos de boca o la agricultura.

Estas prioridades se basan en la importancia del agua para usos agrarios, destacando el regadío como pieza fundamental en el mantenimiento y consolidación de la explotación agraria familiar, así como en la fijación de la población en el medio rural. En muchos espacios territoriales, la supervivencia socioeconómica del medio rural y de la ocupación del territorio depende de la existencia o no de regadíos.

Evitar la sobreexplotación de acuíferos, o corregirla si ya se ha producido, es determinante para cualquier proyecto de futuro. Al ser el agua un bien limitado y de titularidad pública, su uso debe ajustarse también a criterios sociales

La política de regadíos tiene que ir indisolublemente ligada a la política de desarrollo rural, y por tanto a la fijación de la población al territorio; a un desarrollo socioeconómico que permita unas rentas dignas; a la sostenibilidad del medio ambiente merced a la labor de una agricultura respetuosa con el mismo y a poner freno al intrusismo de capitales foráneos y ajenos al sector, que rompen el equilibrio económico, social y medioambiental del territorio.

La asignación de los usos del agua, con independencia de la procedencia de la misma, ha de estar al servicio de la fijación de la población al medio rural, acompañada de una política de precios en origen que permita la propia sostenibilidad de la actividad.

Y para las y los agricultores tiene  gran importancia  poder participar en la gestión de un elemento fundamental para su vida personal, social y económica. Por ello,  debemos poner  en valor y ser conscientes de la gran importancia que tiene para el propio agricultor o agricultora  poder participar en la gestión del agua, como un bien común. Es un medio de producción fundamental que debe y puede ser gestionado más allá de su valor económico.

Pero además, esta gestión del agua debe ser una gestión pública,  que debe mantener un fin social (o de interés público) de respeto a las personas interesadas, de respeto al medio ambiente  y –hoy más que nunca- de generación de empleo y bienestar. Es el colectivo de usuarios y usuarias el que decide y sólo hay un camino: una buena gestión pública respetando los intereses de todas y todos.

La gestión de un  bien público requiere un proceso en el que las personas interesadas se sientan protagonistas en el proceso de toma de decisiones, ser sujetos activos y no sólo acatar las normas. Las decisiones en materia hídrica no sólo afectan a quien las toma, sino también a su entorno; tienen una repercusión en los demás que requiere un criterio, un discurso social, humano y político. Si el sector agrario no es consciente de esto, vendrán otros a gestionar el agua y, seguro, que no tienen nuestra misma finalidad  en la gestión.

Entendemos lo público como un espacio del que apropiarnos colectivamente, y las políticas públicas como una herramienta que puede promover la transformación social, asegurando la equidad entre colectivos y personas. Desde nuestra propuesta política, la soberanía alimentaria, aspiramos a la construcción de un movimiento amplio, donde cada agente (administración públicas, movimientos sociales, la pequeña y mediana agricultura y ganadería familiar, asociaciones, consumidores/as…) podamos contribuir a la construcción de otros modelos alimentarios, económicos y sociales más justos y sostenibles. Con la mirada puesta en el rol que las políticas públicas locales en relación al agua y la producción de alimentos adquieren en el desarrollo y la construcción de la Soberanía Alimentaria, así como el innegable protagonismo de la sociedad civil organizada en la construcción de nuevos modelos.

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